DE LAS FOTOMULTAS

 

El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, regulado en el Artículo 29 Superior, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, en procura de que los habitantes del territorio nacional puedan acceder a mecanismos justos, que permitan cumplir con los fines esenciales del Estado, la Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende:
a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Incluyéndose entonces dentro del debido proceso, el debido proceso administrativo, el cual se define como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”; y el cual establece las siguientes garantías: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”

Así mismo, en materia de tránsito, el derecho administrativo sancionador es aplicado desde su óptica correctiva, para que los particulares se abstengan de incurrir en las conductas que les están proscritas de acuerdo al Código Nacional de Tránsito y, en caso de hacerlo, se pretende que la administración esté facultada para imponer y hacer cumplir las sanciones a que haya lugar.

Se resalta que las sanciones en materia de tránsito se imponen para regular las conductas de aquellas personas que realizan una actividad peligrosa, como la conducción de vehículos automotores, con la cual están en riesgo valores tan importantes para el Estado como la vida y la seguridad de sus ciudadanos, con lo que se busca, en todo caso, preservar el orden público; en el caso específico de las fotomultas, las mismas se encuentran reguladas por la Ley 1843 de 2017 (POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETENCIÓN DE INFRACCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES); la cual fue recientemente objeto de demanda de inconstitucionalidad su artículo 8 por violación al derecho constitucional al debido proceso (Específicamente lo referente a la responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo) a el cual a su tenor reza:

Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación: El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vetlículo y a la empresa l• a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate I de un vehículo de servicio público, En el evento en que no sea posible identificar l al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo. Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del I vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la que ordenará presentarse I ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles I siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del Ir comparendo en la última dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito. 

Parágrafo 1. El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa
Parágrafo 2. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el recaudo y cobro de las multas.
Parágrafo 3. Será responsabilidad de los propietarios de vehículos actualizar la dirección de notificaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, no hacerlo implicará que la autoridad enviará la orden de comparendo a la última dirección registrada en el RUNT, quedando vinculado al proceso contravencional y notificado en estrados • de las decisiones subsiguientes en el mencionado proceso. La actualización de datos del propietario del vehículo en el RUNT deberá incluir como mínimo la siguiente información: a) Dirección de notificación; b) Número telefónico de contacto; c) Correo electrónico; entre otros, los cuales serán fijados por el Ministerio de Transporte.

Sobre dicha demanda, la Procuraduría General de la Nación emitió concepto en el cual señala que, a su juicio el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 es inconstitucional, por cuanto se pretende determinar un régimen de responsabilidad solidaria para la imputación y no para hace exigible la obligación, constituyéndose por tanto un régimen de responsabilidad objetiva contrario al orden constitucional.

Se espera entonces que la Honobrable Corte Constitucional acoja el criterio de la Procuraduria General de la Nación y determine la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 por violación al debido proceso; sin embargo, aún se debe continuar con la lucha jurídica porque se declare inconstitucional desde su origen el sistema de fotomultas; lo anterior por cuanto:

1) Numerosos fallos de tutela han determinado al momento de la imposición de la fotomulta, la sistemática vulneración de los derechos al debido proceso y derecho a la defensa. Todo lo anterior debido a que en muchos municipios se implementaron las fotomultas sin estudios técnicos, sin la debida señalización y sin contar con que aún se plantea la existencia de vacíos legislativos en el régimen establecido en la Ley 1843 de 2017.
2) La implementación del sistema de fotomultas obedeció más a interese económicos que a políticas públicas de prevención de la accidentalidad.
3) No solo los derechos fundamentales de debido proceso y de derecho a la defensa se encuentran vulnerados por el sistema de fotomultas; pues tenemos que igualmente se encuentra vulnerado el derecho a la confianza legítima.