Sin querer queriendo ( Cavilaciones sobre la iniciativa de reforma agraria de este gobierno, y las discusiones que viene suscitando)

 

 

"El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos les dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal; así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad"

Ezequiel 46:18

Corría el año 1826; cuando en  proposición de ley  al Congreso de la República, el  entonces Ministro  de Hacienda y prócer José María del Castillo Rada,  afirmaba lo siguiente:

"La amortización eclesiástica es otro obstáculo perjudicial a la agricultura. Ya pues, que habéis dado el primer golpe a la amortización civil, completad la obra dándolo también a la eclesiástica. Disponed que se enajenen precisamente, i sin admitir pretestos, todos los bienes raíces amortizados, pertenezcan a conventos, monasterios, capellanías, cofradías, obras pías, memorias de misas, casas de misericordia i colejios, o a las ciudades y villas, por manera que no haya uno que no vuelva al comercio de los hombres i que no pueda entrar en el dominio particular, prohibiendo que estas comunidades o puertos puedan adquirirlos nuevamente por ningún título. Las leyes que diereis sobre esto darán vida i movimiento a una gran riqueza que esta muerta para la Nación, i estimularan el interés individual fomentando el cultivo y haciendo amar la propiedad"

Esta propuesta se convirtió en un hecho con la llegada al poder del General Tomas Cipriano de Mosquera, quien asumió la responsabilidad central del proceso, reconoció que se trataba de “un arbitrio rentístico”. Además, agregó: “…es de conveniencia publica realizar, cuanto antes, el pensamiento social, económico i político de la desamortización…"; y de esa manera empezó la llamada "DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE MANOS MUERTAS"(Para los ulteriores análisis historiográficos de esa época, la  iglesia católica en la sociedad y la economía,  fue conjuntamente con el Estado, el origen  de los mayores conflictos en la Colombia del siglo XIX).

Efectivamente, como fue el sentir del General Tomas Cipriano de Mosquera ( Y muchos otros miembros del ala radical del liberalismo, defensores a ultranza  de la "separación  de la Iglesia y el Estado"); se llevó a cabo la llamada "DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE MANOS MUERTAS" con la siguiente declaración:

"Todas las propiedades rústicas i urbanas,

derechos i acciones, capitales de censos,

usufructos, servidumbres u otros bienes,

que tienen o administran como propietarios

o que pertenezcan a corporaciones civiles

o eclesiásticas i establecimientos de educación,

beneficencia o caridad, en el territorio de los

Estados Unidos, se adjudican en propiedad

a la Nación por el valor correspondiente a la

renta neta que en la actualidad producen o

pagan, calculada como rédito al 6 por 100 anual;

y reconociéndose en renta sobre el Tesoro, al

6 por 100…"

Dicho proceso no pudo ser revertido ( Ni siquiera durante el periodo de reacción conservadora o "REGENERACIÓN" iniciado por RAFAEL NÚÑEZ);y lo que en su momento se tuvo como una medida para supuestamente acabar con los latifundios, ayudó  a hacer peor la situación  de la propiedad de la tierra,ya de por si muy concentrada, pues: "Como triunfaron los intereses de los comerciantes y de los generales liberales, la propiedad no se dividió y antes por el contrario el latifundio se afianzó trastocándose de religioso en seglar"

Además de  la progresista constitución de 1991; por gracia del desconocimiento de la voluntad popular, de los resultados del plebiscito por la paz  de 2 de octubre de 2016, tenemos una “GRAN ENMIENDA CONSTITUCIONAL” llamada  ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA:  por gracia del cual se sentaron las bases  para la transformación estructural del campo y establece como objetivos contribuir a su transformación estructural, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía en aras de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.

Pero no contentos con eso, y usando la excusa de una abortada  reforma tributaria y el desconocimiento de un ministro sobre economía doméstica;  las “fuerzas vivas” luego denominadas PACTO HISTÓRICO, llamaron a un PARO NACIONAL que sirvió de ariete y plataforma política para hacer elegir a Gustavo Petro Urrego.

En nuestra reciente historia, hace carrera un proyecto de Ley Ordinaria que reglamenta el Acto Legislativo 03 de 2024 por medio del cual se establece la Jurisdicción Agraria Integral, proyecto sobre el cual se han presentado críticas, señalando que el mismo plantea una expropiación express y fomenta las invasiones de tierras.

En honor a la verdad, el proyecto no implica per se un cambio en las normas que regulan la expropiación o plantea beneficios a los invasores de tierra; no obstante, el enfoque que le ha estado dando este gobierno a la reforma agraria decididamente si causa gran preocupación, y permite prácticamente afirmar sin ninguna duda que este gobierno usará la Jurisdicción Agraria y la misma Reforma Agraria como un escudo y no como una espada. Para ilustrar nuestro punto, hagamos un análisis de la actitud del gobierno frente a su proyecto de reforma agraria, lo cual haremos así:

1.        Desde  el mes de septiembre de 2022 (pocos meses después de la posesión del actual gobierno), empezaron las invasiones de tierras; las editoriales de todos los medios masivos, daban cuenta de la  “nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra” y pedían  “una respuesta eficaz y pronta de las autoridades, que envíe un mensaje claro”. Pero obviamente dicha respuesta pronta y eficaz nunca llegó, como tampoco ha llegado hoy; empezando porque la primera línea de defensa es un inspector con mucho que perder y pocas herramientas, que tiene de superior a un alcalde que con nada se va a arriesgar a un desalojo ( Ya sea por razones políticas, porque teme a una sanción disciplinaria o ciudadana, por su actitud no conforme a la “justicia social”, o por el simple importaculismo de asumir ese chicharrón). Amén que durante dicho periodo, hizo carrera la denominación de “Campesinos en proceso de recuperación de tierras” ( Expresión que probablemente será la bandera de las nuevas reivindicaciones sociales, y será el argumento para la aplicación del PRINCIPIO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA PARTE MÁS DÉBIL, del procedimiento agrario y rural); que para colmo de males, se ve aderezada por la tesis de los intelectuales, quienes señalan que cualquier opinión defendiendo la propiedad privada, es “superficial y no tiene en cuenta que la génesis de la violencia surge del acaparamiento de tierras”.

2.        El segundo campanazo de alerta, fue hace exactamente un año, cuando en su columna de opinión, el Señor José Félix Lafaurie, denunciaba que  el Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego sí buscaría expropiar tierras, haciendo uso de los numerales 5 y 6 del artículo 61 de la Ley  2294 de 2023 ( que se refieren a dos  de los denominados “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”); señala la denuncia, que tales facultades: 1) Son un mensaje contrario, a lo logrado en el acuerdo de compra directa para reforma agraria, 2) Que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio, y 3) Que se está entregando competencias ambientales y tributarias a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

3.        El tercer campanazo de alerta, fue a principios del mes de septiembre de 2023; cuando el Ministerio de Agricultura, daba a conocer el proyecto de decreto, “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”; el cual pretende:  “Instar en todo el país donde sea necesario al establecimiento y fomento de “Comités Municipales para la Reforma Agraria”, como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad”: si bien es cierto, con el mencionado decreto no se estaba inventando nada nuevo, ya que el establecimiento de dichos comités se encuentra establecido en los artículos 102 y 88 de las Leyes 135 de 1961 y 88 de la Ley  160 de 1994 respectivamente, no es menos que existe un peligro latente en el mal uso proselitista que se haría de los comités para la reforma agraria.

Así las cosas, tenemos que la actitud de este gobierno frente a la revolución que quiere orquestar con su reforma agraria crea una tensión innecesaria; que supone un riesgo la estabilidad jurídica del país al contemplar la "constitucionalización" del derecho privado. Sin ánimo de ser exhaustivo, estos son posibles riesgos:

1.        Es un hecho que, es una necesidad la codificación moderna, que dé una mejor respuesta a las necesidades sociales y evite la coexistencia de regímenes diferenciados para las obligaciones y contratos; sin embargo, una nueva Jurisdicción Agraria en manos de este gobierno, junto con los demostrados hechos sobre su idea de una reforma agraria, implican serios riesgos para el sistema económico.

2.        A pesar de que no ser el espíritu de las normas; las mismas pueden incentivar la invasión de la propiedad privada. Es una realidad, que en muchas de nuestras ciudades el desarrollo urbano ha sido hecho a punta de invasiones (Muchas veces impulsadas y luego cultivadas por politiqueros en trance electoral); como también es una realidad, el hecho que un desalojo es una medida antipopular y nadie quiere cargar ese INRI.

3.        El caballo de batalla de muchas plataformas políticas, es señalar que el latifundio improductivo es la principal causa de la falta de industrialización del país; y además la "tesis"  preponderante luego del "Mejor Acuerdo Posible",  es  que la propiedad de la tierra  ha sido sinónimo de poder, y que la concentración de la misma ha sido la causa de todos los conflictos. Narrativas estas causantes de nuevas presiones sociales, azuzadas por autodenominados "líderes sociales" (En efecto, en países como Brasil se han desarrollado movimientos como el llamado MOVIMIENTO  DE LOS TRABAJADORES SIN TIERRA, que alega hacer una reforma rural al "ocupar tierras que son improductivas o tierras pertenecientes al poder público en manos de acaparadores"

4.        Además de la tensión social (Agravada por sofismas tales como  afirmar que " todos los derechos de la ciudadanía  fueron conquistados por los movimientos sociales" o " la democracia  es socializar el poder, evitando que sea privilegio  de una casta o de una clase"), en un país donde la violencia se ha reciclado; es algo muy peligroso, que el ordenamiento jurídico genere incertidumbres jurídicas que finalmente permitan nuevos escenarios de violencia.

5.        Al igual que en el pasado, los intentos de acabar con los "bienes de manos muertas”; nuevamente generen que la propiedad no se divida y todo termine en un simple cambio de "roscas", como en el pasado sucedió con la iniciativa capitalizada por el General Tomas Cipriano de Mosquera.

Todo lo anterior, con un peligroso precedente que hace carrera y que igualmente es la base sobre la cual se sientan muchas políticas de este gobierno, incluyendo su reforma pensional y  la intención de inversiones forzosas… “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”

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