Los problemas de querer descubrir el agua tibia (Proyecto de movilización campesina)

 

“Colombia representa en América Latina uno de los casos en donde más persistentemente en el tiempo se ha declarado, a través de su legislación, (…)  Sin embargo, los resultados no podrían ser más pobres, si se los juzga a partir de su contribución al desarrollo del medio rural y la promoción del progreso y el bienestar material y espiritual de los campesinos”- Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria- CEPAL, 2001

 

El Ministerio de Agricultura, ha dado a conocer el proyecto de decreto, “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”; el cual pretende:  “Instar en todo el país donde sea necesario al establecimiento y fomento de “Comités Municipales para la Reforma Agraria”, como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad”.

A pesar de las voces que se rasgan las vestiduras por la iniciativa, el mencionado decreto no está inventando nada nuevo; ya que el establecimiento de dichos comités se encuentra establecido en los artículos 102 y 88 de las Leyes 135 de 1961 y 88 de la Ley  160 de 1994 respectivamente.

El problema realmente se encuentra en la pertinencia del proyecto de decreto ante la invitación a la “movilización”, el hecho que no se está inventando nada y el mal uso proselitista que se pueda hacer de la misma; en efecto, en respeto del principio de buena fe es menester entender que los comités para la reforma agraria, servirán como instancia de concertación, no obstante lo anterior, no se puede perder de vista la inconsecuencia del Gobierno Nacional, al pretender birlar los escenarios de concertación para una reforma laboral pero al mismo tiempo pretender enarbolarlos para una reforma agraria.

La iniciativa del Ministerio de Agricultura, se debe aprovechar como la oportunidad para la sana discusión de las obligaciones en materia de reforma agraria, contenidas en el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.  Y no olvidar que constitucionalmente, ninguna iniciativa para facilitar la implementación  de una reforma agraria integral ( Incluso el mismo Decreto Ley 902 de 2017, que podría señalarse como una reforma agraria integral “De facto”) puede ser interpretado o aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente adquirida, legalmente adquirida y ejercida, y protegida por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos;  y las instancias de concertación no pueden utilizarse como herramienta para desconocer garantías constitucionales legales, en particular las del debido proceso, a quienes ostenten la propiedad privada de tierras dentro del territorio nacional, y que por pleno derecho son  nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la Constitución Política y la normatividad vigente.

Cualquier uso diferente al espíritu de concertación, que sustenta la necesidad de implementar los comités que se supone ya deben existir ( Y que no pueden de ninguna manera considerarse un invento de este gobierno); podría comportar riesgos tales como:

 

 

1. Pérdida de confianza de nuestro sistema económico.

 

2. A pesar que no ser el espíritu de los “promover la movilización y organización campesina”; la mismos pueden incentivar la invasión de la propiedad privada. Es una realidad, que en muchas de nuestras ciudades el desarrollo urbano ha sido hecho a punta de invasiones ( Muchas veces impulsadas y luego cultivadas por  polítiqueros en trance electoral); como también es una realidad, el hecho que un desalojo es una medida antipopular y nadie quiere cargar ese INRI

 3. El caballo de batalla de muchas plataformas políticas, es señalar que el latifundio improductivo es la principal causa de la falta de industrialización del país; y además la "tesis” preponderante luego del "Mejor Acuerdo Posible",  es  que la propiedad de la tierra  ha sido sinónimo de poder,y que la concentración de la misma ha sido la causa de todos los conflictos. Narrativas estas causantes de nuevas presiones sociales, azuzadas por autodenominados "líderes sociales" (En efecto, en países como Brasil se han desarrollado movimientos como el llamado MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES SIN TIERRA, que alega hacer una reforma rural al "ocupar tierras que son improductivas o tierras pertenecientes al poder público en manos de acaparadores".

4. La tensión social (Agravada por sofismas  tales como  afirmar que " todos los derechos de la ciudadanía  fueron conquistados por los movimientos sociales" o " la democracia  es socializar el poder, evitando que sea privilegio  de una casta o de una clase"), en un país donde la violencia se ha reciclado; es algo muy peligroso, que el ordenamiento jurídico genere incertidumbres jurídicas que finalmente permitan nuevos escenarios de violencia.

5. Al igual que en el pasado, los intentos de acabar con los "bienes de manos muertas";  nuevamente generen que la propiedad no se divida y todo termine en un simple cambio de "roscas", como en el pasado sucedió con la iniciativa capitalizada por el General Tomas Cipriano de Mosquera.