Las Juntas u Organismos de Acción Comunal, creadas mediante la Ley 19 de 1958 o reforma administrativa iniciada
durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo; nacen como una herramienta para estimular el desarrollo en las regiones
azotadas por la violencia (1 Gabriel Silva Lujan, «Lleras Camargo y Valencia:
entre el reformismo y la opresión», en Nueva Historia de Colombia, Vol. II, ed.
Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Editorial Planeta, 1989), 211 y 226). A la fecha
presente, y luego de un enorme esfuerzo legislativo y de planeación; se pretende el
día de hoy, lograr que las Juntas u Organismos de Acción Comunal, finalmente cumplan con los fines misionales
establecidos en la Ley 19 de 1958.
Para ello, se han garantizado una cantidad de recursos, encaminados a que
vía autogestión los organismos de acción comunal contribuyan a resolver los
problemas de servicios y vías de las poblaciones urbanas y rurales de Colombia;
noticia más que maravillosa, si no fuera porque lamentablemente los Organismos
de Acción Comunal presentan las siguientes debilidades: 1) A pesar de los numerosos diagnósticos sobre los desafíos del desarrollo comunitarios en
varios ejercicios de planificación CONPES
( 3661 y 3955); los Organismos Acción
Comunal no llegan debidamente preparados a la época de “vacas gordas”, lo que
finalmente podría incidir negativamente en la gestión de proyectos sociales y
productivos, y en consecuencia no se tendría el impacto que se espera en el
desarrollo sostenible y calidad de vida de las comunidades; y 2) Existen graves
y serios riesgos de manipulación
política, desviación de objetivos, y corrupción
debido a la captura politiquera; que finalmente pueden devolver a los organismos de acción comunal, a las nefastas
épocas de clientelismo y paternalismo
vividas de 1970 a 1991 ( CONPES 3661).
El asunto en cuestión no es baladí; por el efecto y orden de articular los diferentes
planes de desarrollo ( incluyendo los
planes de desarrollo comunal y
comunitario), los observatorios de servicios públicos, el sistema de salud preventivo, las
vías terciarias, y finalmente todas las
inversiones que se necesitan para cerrar las grandes brechas económicas y sociales en nuestras regiones dependen enteramente de unas Juntas
u Organismos de Acción Comunal fortalecidos, independientes, transparentes, democráticos, participativos, eficaces y
eficientes.
Como podemos ver el tema es de lo más relevante, importante y actual;
máxime cuando todas las buenas intenciones de “fortalecer el tejido social de los
organismos comunales”, se dan en medio
de un clima político crispado y enrarecido, en el que se corre el riego de que
los vicios de la política nacional y regional sean contagiados a las
organizaciones de acción comunal (Si no es que ya no están contaminados). Lo
cual nos obliga como buenos ciudadanos, a preocuparnos por todo lo que está
aconteciendo en nuestras comunidades y sus juntas de acción comunal.
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