Acabar con los llamados pagadiarios, nuevamente en la palestra

 

“El que aumenta sus riquezas con usuras e intereses, acumula para el que se compadece de los pobres”

Proverbios 28,8

 En el día de hoy, nuevamente se hacen virales las consecuencias del flagelo de los “PAGADIRARIOS”; con un vídeo que muestra la destrucción de una vivienda en Barranquilla por parte de “cobradores”; reiterándose una vez más, que la primera responsable del crecimiento de los “pagadiarios” o “esquemas de financiación desregulados”, es precisamente la alta tasa de informalidad de nuestra economía.

Los llamados “pagadiarios”, “gota a gota” o “ esquemas de financiación desregulados”, además de convertirse en un serio problema de degradación social y desasosiego para muchos ciudadanos; se convierten además en un problema de seguridad, ya que se ha demostrado que el negocio de los “gota a gota” está siendo administrados por grupos al margen de la ley ( Este hecho debería ser suficiente para convencer a aquellos que dicen que la legalización de las drogas acaba la violencia y los negocios; pero esa es otra discusión).

Es menester recordar; que hace casi dos años, se anunció con bombos y platillos la presentación de un proyecto de ley para impulsar la inclusión financiera y acabar con el llamado “gota a gota”; no siendo el primer proyecto de ley en tal sentido, pues ya se había presentado una iniciativa similar en el Proyecto de Ley  244 de 2017, buscando mayores alternativas de financiación para la población en informalidad o de bajos recursos. Y que además de esas iniciativas, existen mecanismos como el crédito de bajo monto regulado por el Decreto 222 de 2020, y el CONPES 3424 DE 2006 (POLÍTICA PÚBLICA DE BANCA DE OPORTUNIDADES); y muchas otras encaminadas a suplir las falencias en el cubrimiento de demanda de instrumentos de microfinanciación ( Y que tales instrumentos no tengan las mismas barreras y obstáculos que han impedido el acceso al crédito por parte de personas de escasos recursos o en informalidad).

Como también es menester recordar, que hay obligaciones internacionales relacionadas con garantizar adecuadamente el microcrédito como política de desarrollo económico y social ( CEPAL, División de Desarrollo Productivo y Empresarial).

En conclusión; acabar con  los “Pagadiarios” como problema social va mucho más allá de inventar tipos penales (Sentencia C-226/09), pues se requiere la focalización  de programas de desarrollo empresarial, lograr el convencimiento de las ventajas de ser un comerciante o emprendedor formal, y finalmente el compromiso  de que se está cumpliendo con el principio de progresividad  para lograr los fines de  prosperidad, orden justo e igualdad.

Hay que reconocer, nobleza obliga; el Gobierno Nacional por gracia  del Decreto 2120 de 2023 ha procurado fomentar la inclusión, la bancarización y abrir espacios para la formalización mediante créditos de bajo monto para los sectores agrario y no agrario. Y ojalá con lo sucedido hoy en Barranquilla, no solo se masifique esa iniciativa sino que también se busque la forma de incluir a las entidades  financieras privadas con el tema, vía convenios solidarios u otra iniciativa parecida.

Finalmente, esta y otras problemáticas  indican que necesitamos iniciar un gran diálogo social,  no para impulsar mecanismos constituyentes (O nada parecido) sino para promover el consenso y la participación democrática en todos esos temas sensibles e importantes; y ello es responsabilidad directa de nuestros Sindicatos, como abanderados naturales del diálogo social.