Para el año 2020, el gobierno nacional y la
bancada caribe anunciaban con bombos y platillos la hoja de ruta
para resolver el problema de ELECTRICARIBE, señalando que las cinco medidas que
adoptaría el Gobierno serían:
-La nación asumirá el pasivo pensional, por
$1,2 billones, otorgándole garantías de estabilidad a pensionados y
trabajadores de la empresa.
- El mercado del Caribe colombiano se
convertiría en dos o tres mercados buscando generar mayor apetito de inversionistas
y operadores. Esta segmentación se realizará con criterios técnicos,
financieros y de equidad.
- El tope que existía de 25% de
participación del mercado podría ampliarse, pero sin llegar al 50%, por los
riesgos que esto implicaba en el sistema de distribución.
-Las gobernaciones podrían ser accionistas
de los nuevos operadores a través de aportes con recursos de regalías.
-Un crédito aprobado por el Gobierno
Nacional de $735 mil millones de pesos para invertir en redes para mejorar la
prestación de este servicio en el 2019.
En medio del júbilo de ese momento en el
Caribe, señalábamos que si bien es cierto, había muchas voces celebrando las
propuestas y estableciendo que las misma eran la cabal solución a los problemas de
prestación del servicio de energía en la Región Caribe; no era menos cierto que
estabamos en tiempos de crisis y no era nada sano
la inversión de 7 BILLONES de pesos solo para hacer
atractivo el negocio a inversionistas (Como quien dice asumir el Estado
los misterios dolorosos para dejar a los del billete con los gozosos) y menos
cuando UNION FENOSA no hizo las inversiones en infraestructura aún con fondos
PRONE y FAER y al fin y al cabo nunca se concluyó con los proyectos de
normalización.
Que por todo lo anterior, pedíamos una LEY
DE PUNTO FINAL o algo para acabar con los beneficios convencionales y obligar a
UNION FENOSA y a la misma SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS a
que explicaran que pasó con los fondos PRONE, FAER y las inversiones
que debieron hacerse; para que no resultara el Estado “PAGANDO EL
GANSO”, y no se siguiera usando la excusa de los robos de energía y la cultura
de pago de los Caribes para la falta de las necesarias inversiones.
No obstante, el mercado “tabluo” de energía
eléctrica del Caribe se dividió en dos empresas,
correspondiéndole CHAMPETESBURGO a EPM y
REPELENCIA al CONSORCIO DE ENERGÍA DE LA COSTA; y
precisamente antes de entrar en operaciones, los nuevos operadores advertían que
existían una cláusula de efecto material adverso que había sido superada por el
deterioro de indicadores de Electricaribe;
eso en plata blanca; traduce en que no entraban al negocio, hasta que
se hicieran las necesarias inversiones por parte
seguramente del ESTADO (10 Billones más por lo menos). Al final entraron los
nuevos operadores de los dos mercados Caribes, sin que se dejara claro si se
habían acordado el cronograma de tales inversiones, quien asumiría dichas inversiones,
y cuál era finalmente su monto… Es decir, quedamos nuevamente en el aire, pero
con la esperanza de que todo sería diferente.
Al principio, aparentemente todo bien;
supuestamente la tarifa de energía de la Región Caribe era la más baja a nivel
nacional; no obstante, sin mayores
cambios respecto a a la calidad del servicio y otras malsanas prácticas contra
los usuarios ( Como disfrazar los racionamientos de mantenimientos, expedir
facturas por “energía dejada de facturar” sin respetar debido proceso o
facturar con base a consumo promedio estando los medidores en buen estado), empezó
el aumento progresivo las tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe
desde el mes de septiembre de 2021 (
adicionales a los hechos en el segundo trimestre del año 2021 por supuestos
ajustes). Alegando las empresas, que tales incrementos eran para brindar
las herramientas necesarias a la
compañía para realizar las inversiones
que se requieren para superar el rezago
en infraestructura eléctrica y así poder ofrecer a la comunidad el servicio que
merecen; y que los mismos se hacían con base en la opción tarifaria definida por la CREG, que le
permite realizar alzas graduales para inversiones y reducción de pérdidas.
A inicios del año 2022, la Superintendencia
alertaba del incumplimiento de los compromisos de inversión para la región
Caribe; a pesar de la disponibilidad de los recursos señalados en el
CONPES 3966 de 2019; y además pedía con
urgencia se incrementara la instalación de medidores inteligentes para reducir
los fraudes en las redes de baja tensión.
A la
fecha presente; los alcaldes de la Región Caribe han solicitado al gobierno nacional la revisión de las tarifas de energía, y algunos congresistas
Caribes han denunciado que el aumento de las tarifas de energía eléctrica solo
ha servido para cubrir pérdidas y para ninguna inversión; sin que dicha
petición y dicha denuncia hayan sido resueltas o esclarecidas por las
autoridades gubernamentales ( Especialmente la Superintendencia de Servicios
Públicos y la CREG), pues lo cierto es que Pedro Pueblo solo ve como aumenta la
factura de energía y el servicio nada que mejora.
Y finalmente termina de preocupar:1) El que
se pretenda instalar INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA ( AMI) o medidores inteligentes;
aumentando más las angustias de PEDRO PUEBLO sobre el astronómico aumento de la tarifa
de energía eléctrica; y 2) Que nunca se haya hablado de frente con la gente,
respecto a las inversiones para el mejoramiento del servicio, y recursos
invertidos con fondos PRONE,FAER y demás proyectos de normalización.
Lo único cierto hasta ahora, es que hay
mucho que explicar; y el más jodido con todo esto es el sector empresarial de la Región Caribe; quedando la
duda de si fue peor la cura que la enfermedad.
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