En un informe reciente sobre el derecho a la
salud mental el experto de las Naciones Unidas en materia de derecho a la
salud, el Sr. Dainius Pūras, señaló que, a pesar de que es evidente que no
puede haber salud sin salud mental, en ningún lugar del mundo la salud mental
se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en términos de
presupuesto o educación y práctica médicas; por lo que en procura de lograr el
mayor interés a garantizar el derecho humano a la salud mental, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó el 28 de septiembre de 2017, la
resolución “Salud mental y Derechos Humanos” donde reafirma el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y pone
de relieve que la salud mental es una parte esencial de ese derecho.
El Ministerio del Trabajo y Protección Social ,
mediante Concepto 202211600954281 de 17 de mayo de 2022; deja claro que la Ley
1616 de 2013 ( o Ley de Salud Mental) se encuentra completamente vigente, y
además reitera que, se han expedido por parte del ministerio el Decreto 658 de 2013, por medio del cual se
expidió el cronograma de reglamentación e implementación de la Ley 1616 de 2013,
la Resolución 4886 de 2018 por medio de la cual se adopta la Política Nacional
de Salud Mental y la Resolución 089 de 2019 por medio de la cual se adopta la
Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
Por su parte la Superintendencia de Salud, por
medio de circulares ha dado instrucciones
a las entidades administradoras de
planes de beneficios , a prestadores de
servicios de salud públicos, privados y
mixtos del territorio nacional, y demás entidades territoriales las instrucciones respecto a la atención de
salud mental y la atención de los
problemas y trastornos asociados al consumo
de sustancias psicoativas.
De otra arista, la Procuraduría General de la
Nación por medio de circulares como la
Circular 23 de 31 de octubre de 2019; ha dado recomendaciones a los
gobernadores y alcaldes sobre la promoción en salud mental y
prevención del suicidio en jóvenes.
Sin embargo a pesar de los buenos oficios, la Defensoría del Pueblo viene alertando
que en el 15% de los Departamentos del
país no hay política de salud mental y
existe una mala atención en salud mental en los establecimientos carcelarios; persisten las quejas de la faltas y falencias
en la atención de los servicios de psiquiatría
, psicología y psicoterapia en todas las instituciones qe hacen parte de los Regímenes
Contributivo, Subsidiado y Especiales en Salud ( Especialmente y bastante
grave, las quejas por el manejo de la salud mental de los miembros de las FFMM
y la Policía Nacional); y aumentan los casos de suicidios entre niños y jóvenes,
como igualmente que el deterioro en la salud mental en Colombia en los últimos
20 años se ha agudizado por factores como el conflicto armado, la informalidad
laboral, el maltrato, la pobreza, el consumo de sustancias psicoactivas.
En teoría; la cantidad de leyes, decretos
circulares y directrices referidas a la salud mental, deben ser suficientes
para garantizar a aquellos que padecen
problemas de salud mental el “vivir de
forma independiente, ser incluidas en la comunidad, ejercer su autonomía y
capacidad de actuación, participar de manera significativa en todos los asuntos
que las afecten y tomar decisiones al respecto, así como lograr que se respete
su dignidad, en igualdad de condiciones con las demás personas”. Sin embargo,
es un hecho que la atención en salud mental anda manga por hombro; y poco se ve
sobre el cumplimiento de competencias por parte de entes territoriales e
instituciones involucradas en el aseguramiento en salud.
Como bien lo expreso en su momento la
Procuradora Margarita Cabello Blanco: “Es
necesario que las prestadoras de salud contraten programas de atención integral
en salud mental para sus afiliados y no solo estipulen atenciones por evento.
De igual forma, que las ARL y las empresas inviertan de manera prioritaria en
actividades preventivas en materia de riesgo psicosocial y continúen con las
intervenciones que requiera la población trabajadora para prevenir
enfermedades, trastornos de salud mental y accidentes laborales relacionados
con situaciones psicosociales”; y ciertamente eso es lo que espera Pedro
Pueblo, que se preste la debida atención a la atención en salud mental y se
fortalezcan las estrategias de
prevención, promoción y atención integral, para ciertamente abordar una
cantidad de problemas que cada día se hacen más graves.
Por lo pronto, alcemos la voz, pues la salud
mental es un derecho y no un privilegio; pero antes de eso pellizquémonos por
el “déficit” de psiquiatras y psicólogos clínicos, y el deterioro de las relaciones familiares y
sociales en los diferentes espacios que facilitan el uso de drogas ,la aparición de
adicciones y el consecuente de la salud mental. Eso sí, debemos concluir que a
pesar de aparentemente se ha hecho mucho; en el tema de atención de salud
mental en Colombia, hay MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.
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