Conforme a INFORME CEPAL- EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD EN COLOMBIA (1997) elaborado por Luis Gonzalo Morales Sánchez: “Con
la aprobación de la ley 100 de 1993, se inicia en Colombia un proceso de
cambios profundos en la administración y prestación de los servicios de salud,
conducidos hasta entonces mediante un esquema dicotómico de carácter
monopólico, desarticulado e ineficiente, en el que por un lado existía un
sistema de seguridad social para aquellas personas vinculadas al sector
productivo formal, que cubría cerca del 22% de la población y, por otro lado,
el sistema público, teóricamente dirigido a prestar servicios de salud al resto
de la población, que apenas alcanzaba a cubrir, de manera limitada, al 40% de
ella”.
Continúa
señalando dicho documento; que a fin de cambiar lo anterior, con la ley 100 de 1993, se creó un mercado regulado,
abierto a la participación de todos los sectores para estimular la competencia
y el establecimiento gradual de un seguro social universal; con la existencia de un Régimen Contributivo para aquellas
personas con capacidad de pago, que debe generar excedentes que serán destinados para las personas más pobres
pertenecientes al Régimen Subsidiado.
Conforme a lo
normado en el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011, la solidaridad es uno de los
principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud; y la misma se
entiende como “la práctica del mutuo apoyo
para garantizar el acceso y sostenibilidad a los servicios de Seguridad Social
en Salud, entre las personas."; igualmente, el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 ( Ley
Estatutaria en Salud), señala que todas las personas tiene el deber de “Contribuir solidariamente
al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad
social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago”.
A su vez,
tenemos que mediante el artículo 24 de la Ley
1176 de 2017 se determinó la focalización de los servicios sociales; y
para ello se implementó el SISBEN IV ( Que
analiza otras variables y busca evaluar la capacidad de generación de ingresos
a partir de factores socioeconómicos tales como educación, empleo, salud,
características de la vivienda y del hogar). Resultando de tal metodología, 4
grupos y sus subgrupos así: Grupo A:
conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5); Grupo B: conformado por 7
subgrupos (desde B1 hasta B7); Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1
hasta C18); Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)… Este
último grupo D; es la población calificada como población no pobre y no
vulnerable, que en la anterior metodología SISBEN III se había establecido como
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) por encontrarse en los puntos de corte de la Resolución 3378 de 2011 ( Esto es, no se encontraban afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado); y por ende se
requería una estrategia para avanzar en el aseguramiento universal en salud.
A fin de lograr
tal estrategia de aseguramiento en salud, se ha expedido el Decreto 616 de
2022; y específicamente dentro de él, se ha establecido la Contribución Solidaria en el Régimen Subsidiado en Salud como un
mecanismo de afiliación al Régimen Subsidiado en salud para la población clasificada
de acuerdo con la última metodología del Sisbén, o el que haga sus veces, como
no pobre o no vulnerable y que no cumpla los requisitos para ser cotizante o
beneficiaria en el Régimen Contributivo, quienes para los efectos pagarán la
tarifa establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo
con su capacidad de pago parcial.
Se pretende
según lo informado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de
la contribución solidaria se podrán afiliar las personas pagando una
contribución aproximada entre $24.000 y $107.000.
Es menester
recordar, que mediante la Sentencia C
174-20 nuestra Honorable Corte Constitucional señaló que se tomaba nota de la readecuación y reconfiguración
del SISBEN para asegurar la correcta caracterización de la población
colombiana, y para minimizar los errores de inclusión y exclusión; como también
es menester señalar, que en el CONPES 3877 se determinó que el SISBEN IV surgió
de la necesidad de hacer frente a las limitaciones del SISBEN III, puesto que la metodología se
había relacionado exclusivamente con el estándar de vida de los hogares, , sin
tener en cuenta la capacidad de generación de ingresos,
la ponderación de las variables que conforman el índice habían
sufrido un desgaste, no se reconocían las diferencias de pobreza
entre territorios, y la calidad de la información era
deficiente por su desactualización, susceptibilidad a la
manipulación, ausencia de verificación, y falta de interacción
entre los sistemas de información y registros administrativos.
Ahora bien,
PEDRO PUEBLO no vera al DECRETO 616 DE 2022 como la oportunidad de garantizar
el aseguramiento en salud de una
población que se encontraba desamparada; los pobres pagapatos serán los administradores
del SISBEN ( Que hasta hace poco eran vistos como héroes por lograr organizar
el SISBEN IV), ya que todos los que les toca “meterse la mano al dril” dirán
que están calificados en un grupo que no les corresponde.
Por lo pronto
las cosas como son, quizás es momento de reconocer que hemos tenido avances en
calidad de vida; antes de renegar que seguimos siendo pobres, y que se equivocaron en la información de nuestra ficha de caracterización
socioeconómica.
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