LAS COSAS COMO SON ( FALLO CIDH GUSTAVO PETRO)

 

 Mediante Sentencia de 8 de Junio de 2020, la CIDH lo siguiente:

-          Que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría el 9 de diciembre de 2013 y que fue confirmada el 13 de enero de 2014. El Tribunal reiteró su precedente en el caso López Méndoza Vs. Venezuela respecto que el artículo 23 de la Convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo, y encontró que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción de la Procuraduría, ordenó el pago de salarios dejados de percibir, y ordenó la desanotación de las sanciones impuestas, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2017, dicha decisión no reparó integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular del señor Petro. Esto es así toda vez que a) el mandato del señor Petro fue interrumpido mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también afectó los derechos de aquellas personas que lo eligieron y el principio democrático, y b) no se han modificado las normas que permitieron la imposición de dichas sanciones. Adicionalmente, la Corte concluyó que la vigencia de los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único, los cuales facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos, así como los artículos 60 de la Ley 610 y 38 del Código Disciplinario Único, los cuales pueden tener el efecto práctico de producir una inhabilidad en virtud de una sanción de la Contraloría, y el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017, que establece el tipo penal de “elección ilícita de candidatos”, constituyen un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

-          Que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. El Tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y sancionadoras en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate, cuya composición varíe de manera que tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Por otro lado, la Corte estimó que la falta de imparcialidad afectó transversalmente el proceso, tornando en ilusorio el derecho de defensa del señor Petro. Además, el Tribunal concluyó que en el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. Por otro lado, el Tribunal no contó con elementos probatorios suficientes que acreditaran que las acciones de la Procuraduría respondieran a una motivación discriminatoria y constituyeran una desviación de poder.

Y que conforme a las anteriores consideraciones resolvió tener como reparaciones: A. Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. B. Garantías de no repetición: adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. C. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial, y 2) el reintegro de gastos y costas.

 

Sea lo primero señalar que, gran parte de las consideraciones señaladas por la CIDH, ya habían sido objeto de los considerandos de la Sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la sanción en inhabilidad del Senador Gustavo F. Petro Urrego; en la cual se estableció que:

III. EXHORTO

El papel del juez en este caso no puede ser el de dejar hacer y dejar pasar, por ello, si bien solamente es posible predicar de los efectos de esta providencia aquellos inter partes, las consideraciones aquí plasmadas aunadas a las recomendaciones que sobre este caso hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, concretamente, en sus numerales 3 a 7[114], que se refieren a aspectos de política pública y a ajustes del régimen jurídico nacional, y para dar aplicación a las reglas y procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario exhortar al Gobierno Nacional, al Congreso de la República  y a la Procuraduría General de la Nación, para que en un término razonable, de dos (2) años, procedan a responder ante dicho Sistema, a evaluar y a adoptar las medidas que fueren pertinentes, en orden a armonizar el derecho interno con el convencional y a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta: (i) las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, en particular aquellas que configuren cosa juzgada constitucional, específicamente, en esta materia; (ii) la obligación del Estado de asegurar la vigencia de los derechos políticos y restringir su limitación en la faceta pasiva, a decisiones de derecho sancionatorio proferidas por autoridad competente, con el fin de proteger los derechos políticos de los electores en todas las esferas político-administrativas y se preserve la integridad del mandato ciudadano en cabeza de aquellas autoridades que gobiernan o administran en nombre de opciones políticas diversas, minoritarias o, si acaso, contrarias a las del establecimiento; propuesta que se acompasa con el posible surgimiento de gobernantes locales que representen nuevas opciones políticas a partir de los acuerdos de paz que se suscribieron en el país y cuya ejecución se encuentra implementando; y (iii) la necesidad de garantizar herramientas y procedimientos que fortalezcan la lucha contra la corrupción, la correcta prestación de la función pública y la preservación del patrimonio político.

Por los efectos inter partes del presente fallo, las condiciones de aplicabilidad del Sistema Interamericano de Derecho Humanos, en particular, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la vigencia del régimen jurídico estatal, y mientras se adoptan los ajustes internos, la Procuraduría General de la Nación conserva la facultad para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular en los términos de esta providencia.

Así que  sin mayor sorpresa, el deber ser es que la Ley  1952 de 2019 que entra en vigencia  el 1 de Julio de 2021 ( Según lo establecido en el artículo 140 del PND, haya resuelto lo particular; no obstante lo anterior, y sin haber aún entrado en vigencia, el Nuevo Código Disciplinario no se encargó del particular.

Contrario a lo señalado por muchos, la correcta interpretación del fallo, no es la desaparición de la  Procuraduría General de la Nación por ya no contar con las sanciones de destitución e inhabilidad para funcionarios de elección popular ( O la desaparición de las facultades disciplinarias); por cuanto por el contrario, la correcta interpretación debe ser,  la protección de derechos políticos protegidos por instrumentos internacionales frente al ejercicio del poder disciplinario del Estado.

Ahora bien, las reformas que sean pertinentes hacer deben no solo dar las garantías necesarias a los  funcionarios de elección popular; sino también entrar a discutir las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios de elección popular (Máxime cuando la pandemia ha demostrado el talante de muchos de nuestros alcaldes; y era la Procuraduría la entidad que estaba logrando meterlos en cintura)

Por lo pronto, lo más sano es que se coja el cuento por donde es; y no se aproveche para deslegitimar el poder disciplinario del Estado.

RESOLUCIÓN 40236 DE 2020 ( AUMENTO DE SUBSIDIOS DE GAS NATURAL PARA ESTRATO 1 Y 2)

 

El Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40236 de 2020, desarrolla el artículo 10 del Decreto 798  de 2020, que en su parte considerativa señala que a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del empleo y la economía, a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas de seguir continuando su actividad comercial e industrial, y por tanto, continuar cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos con sus empleados, lo que ha generado una disminución significativa en la actividad económica del país.

Y que por tal razón, en aras de tomar medida medidas urgente y necesarias para conjurar la pandemia,  señala que:

ARTÍCULO 10. Destinación de recursos del desarrollo de infraestructura de gas natural para la atención de subsidios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19, se podrán destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, para financiar las acometidas internas y medidores de los proyectos de infraestructura financiados a través de dicho Fondo, y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la prestación del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955 de 2019.

El subsidio del costo de la prestación del servicio de gas combustible, que exceda aquellos porcentajes fijados por el artículo 297 de la Ley 1955 de 2019, serán atendidos con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, hasta el monto que se presupueste para tal fin.

Y que por tanto, la resolución 40236 de 2020, señala que los comercializadores de gas para uso domiciliario distribuido por red de tuberías, deberán otorgar un incremento del 10 puntos porcentuales al porcentaje de subsidio que actualmente reciben los usuarios de estrato 1 y 2,sobre el consumo básico o de subsistencia; incremento que se aplicará durante la emergencia sanitaria  y máximo para el ciclo de facturación el curso y el siguiente de la entrada en vigencia de la resolución ( Que podrá ser prorrogable).

Debiendo por tanto entonces, los comercializadores de gas para uso domiciliario distribuido por red de tuberías, deberán allegar la información de los subsidios otorgados correspondientes al 10% adicional.

Es encomiable el esfuerzo del gobierno,  con la medida de aumento de los subsidios  de gas natural,  aunado a la decisión de los cuatro meses de gracias para los usuarios de los estratos 1 al 4 que decidieron diferir el valor de sus facturas de energía y gas; por lo que se espera que los proponentes de la renta mínima, reconozcan este nuevo esfuerzo de ofrecer alivios suficientes  a las familias colombiana y asegurar la continuidad del servicio.

LA JUGADA DE URIBE

 

El alpiste mediático corre hoy por cuenta de la renuncia del ahora  exsenador Álvaro Uribe Vélez, con la finalidad de la pérdida de competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar juzgado como Juez Natural.

Al respecto es menester recordar que, nuestra Constitución Política señala en su artículos 186 y 235 que:

Artículo 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás atribuciones que señale la ley.

PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

Y además menester  señalar que nuestra Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-545-08, estableció que: “Así, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde asumir la instrucción y el juicio, es decir, ejercer todo el ius puniendi del Estado, cuando de los miembros del Congreso se trate, a quienes el Constituyente les ha otorgado un fuero constitucional especial, señalando que ese alto tribunal no sólo es su juez natural, distinto del correspondiente a los demás ciudadanos, sino que la instrucción debe adelantarse en esa sede y no por la Fiscalía General de la Nación, ni por la Cámara de Representantes (art. 178.3 ib.), según sea el caso.

Es finalidad de esta clase de fuero, además de constituir un privilegio protector de la investidura, asegurar al máximo la independencia en el juicio, pues la elección de esa clase de sistemas, como ocurre en otros países, según se ejemplificará más adelante, se encuentra acorde con lo avalado en los actuales postulados doctrinarios, según los cuales un punto tan delicado como la responsabilidad penal de quienes cumplen funciones que resultan relevantes al interés público, se sustrae de la actividad legislativa, “para otorgar la competencia juzgadora ‘al órgano situado en la cúspide del poder judicial y, por eso mismo, el más capacitado para repeler unas eventuales presiones o injerencias’” y comporta una serie de beneficios, como “una mayor celeridad en la obtención de una resolución firme, rapidez recomendable en todo tipo de procesos, pero particularmente en los que, como presumiblemente los aquí contemplados, provocan un gran sobresalto en la sociedad”

E igualmente, nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado que no puede desconocerse que la competencia para juzgar es uno de los principios basilares del debido proceso que atañe con el principio del Juez Natural y la Organización Judicial; por lo que mal podría alegarse entonces que so pretexto de la operación del derecho sustancial sobre las formas puedan sacrificarse principios como el de la legalidad o del juez natural.

Debiendo limitarse el debate entonces, a si los delitos endilgados tienen nexo causal con las funciones de congresistas; recordando que la misma Jurisprudencia ha señalado que, desde la perspectiva de la teoría de la equivalencia de las condiciones, siempre será posible encontrar una relación entre la conducta y la función a partir de su mera constatación material, bien sea por relación de causa y efecto; siendo la tesis mayoritaria, que no hay forma de desvincular la posible comisión de los delitos de la función como congresista.

Ahora bien, lo que está en juego es la seguridad jurídica, y la situación jurídica de un acusado que ha señalado no contar con garantías, en un Estado de Derecho en el que se supone lo importante es que se emitan muchos fallos de condena, sino que estos se produzcan con pleno respeto de los principios y garantías constitucionales.

Independientemente, del hecho que se pueda prejuzgar la actitud del exsenador como un reconocimiento implícito de su responsabilidad, o al menos la renuncia a dar la lucha de frente que había sostenido; y que se debe respetar la estrategia de defensa del exsenador. Nuevamente se pone la pelota en el terreno de la Corte Suprema de Justicia, quien debe ahora,  no solo mediáticamente defender su decisión. si la misma respeta el debido proceso, y luego demostrar si el  recurso de reposición al que se renunció constituía un remedio eficaz y suficiente a la situación jurídica supuestamente infringida; sino que también posiblemente ahora, defender el hecho que querer mantener el fuero, no hace manifiesta la ruptura de los principios de imparcialidad y debido proceso.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

 

El artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, por medio del cual se expide el nuevo Código Disciplinario que derogó la Ley 734 de 2002; establece en su artículo 217 la suspensión provisional ( Que ya se encontraba establecida en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002), señala que:
“Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.
El término de · la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.
El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán Objeto de consulta, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.
Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.
PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia”

Nuestra Honorable Corte Constitucional, se había pronunciado sobre la constitucionalidad, del artículo 157 de la Ley 734 de 2002; por una demanda que señalaba que la misma era incompatible con los artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; señalando el máximo tribunal constitucional que:
1.Pese a que la suspensión provisional puede ocurrir en en la investigación disciplinaria e incluso después de la definición de la responsabilidad del procesado, no es una sanción, ni implica en realidad pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad disciplinaria. Es, por el contrario, una medida de cautela procesal, que no implica la inhabilidad del servidor público, sino que sólo conlleva su no permanencia, por un término breve y reglado, en un cargo, función o servicio público.
2. Que la a suspensión provisional no recae sobre todos los destinatarios del CDU, sino sólo sobre aquellos que sean servidores públicos y no se hayan retirado del servicio. Para ordenar la suspensión provisional, el operador disciplinario debe satisfacer cuatro presupuestos o condiciones objetivas estrictas, verificables a partir de la evidencia empírica propia de los hechos y al análisis de probabilidades que corresponde a los riesgos
En cuanto a los hechos, el operador disciplinario debe demostrar: 1) que el servidor público está en ejercicio de un cargo, una función o un servicio, 2) que se ha iniciado una investigación disciplinaria o se adelanta el juzgamiento disciplinario y 3) que dicha investigación o juzgamiento se adelanta o tramita por la supuesta comisión de faltas disciplinarias gravísimas o graves.

En cuanto a los riesgos, el operador disciplinario deberá demostrar que existen serios elementos de juicio, a partir de los cuales sea posible establecer que la permanencia del servidor público en el cargo, función o servicio hace posible: 1) que el procesado interfiera en el trámite de la investigación, 2) que el procesado continúe cometiendo la falta por la cual se le procesa o 3) que el procesado reitere la comisión de dicha falta.

Al basarse en elementos objetivos, la suspensión provisional no puede ser, en ningún caso, arbitraria o meramente discrecional. La garantía de que ello sea así y, además, de que de no serlo se pueda controvertir, es 1) que la decisión debe motivarse. A esta garantía, la ley suma otras tres: 2) la medida o su prórroga, que también debe motivarse, no puede superar tres meses; 3) la medida sólo puede mantenerse si se mantienen los presupuestos o condiciones objetivos antedichos, de tal suerte que, si estos desaparecen, debe revocarse de inmediato; 4) la decisión de suspender provisionalmente compromete la responsabilidad disciplinaria de quien la toma.

Tanto el cumplimiento de los presupuestos o condiciones objetivas como el respeto de las garantías, puede y debe ser verificado por autoridades disciplinarias, por medio de la consulta o del recurso de reposición y judiciales, por medio de la acción de tutela.

3. Que no se puede hacer una interpretación del del artículo 23 de la CADH, que pasa por alto elementos dispuestos en otros tratados internacionales y en la Constitución.

4 Que es constitucionalmente válida la competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular (con excepción de todos aquellos que se encuentren amparados por fuero); pues la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control, forma parte del ministerio público, no se encuentra dentro de ninguna rama del poder público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado, de manera semejante a como lo son los jueces, como se ha destacado al momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo 23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

5. Que la competencia para suspender provisionalmente a un servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos.

Recientemente, mediante Sentencia C- 015 de 2020; nuestra Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019; por una demanda que señalaba que dicho artículo implica una restricción al derecho fundamental al ejercicio y control del poder público; por lo que se trata de una disposición normativa que debió tramitarse mediante ley estatutaria, por tener reserva de ley, y no mediante trámite ordinario.

Recalco en dicha Sentencia, nuestra Honorable Corte Constitucional que:

1. La regla general, es que la normatividad que regula los procedimientos, - entre ellos los disciplinarios-, no tiene reserva de ley estatutaria, pese a que se trate de disposiciones relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales.

2. La suspensión provisional de los derechos políticos de los funcionarios públicos, entre ellos los de elección popular, es una decisión que no afecta el núcleo de los derechos fundamentales, ni implica frente a ellos una interferencia desproporcionada e irrazonable, por lo que la regulación de esas materias hace parte de la competencia del legislador ordinario.

3. La suspensión provisional de los funcionarios de elección popular carece de reserva de ley estatutaria, por cuanto, en aplicación del criterio restrictivo de la procedencia de trámite cualificado, se constata que no tiene por objeto directo regular el derecho político de acceso a cargos públicos. Así mismo, no es una regulación sistemática, integral y estructural de la garantía mencionada, dado que no señala las características de la misma.

4. La suspensión provisional no afecta derechos políticos ni es una interferencia desproporcionada, como lo advierten las Sentencias C-108, de 1995, C-406 de 1995, C-280 de 1996, C-028 de 2006, C-086 de 2019 y C-111 de 2019.

PEDRO PUEBLO PUEDE PRODUCIR Y VENDER ELECTRICIDAD EN COLOMBIA

 

Las leyes 142 y 143 de 1994 establecen derechos y obligaciones respecto de las personas que deseen desarrollar actividades propias del servicio público de energía, como lo son la generación, la autogeneración y la cogeneración (en adelante conjuntamente, “Generación”), así como el régimen de propiedad de las redes de transmisión y distribución necesarias para el transporte de la energía hasta el usuario final; a su vez el artículo 10 de la Ley 142 de 1994 establece el principio general de libertad de empresa en los siguientes términos: “Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley”. Por otra parte, el numeral 6 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994 señala una obligación de facilitar el acceso e interconexión en respeto del principio de la función social de la propiedad privada.

El esquema regulatorio definido en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la prestación del servicio de energía de energía eléctrica, considera la existencia de cuatro actividades bien definidas a saber: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización; la misma legislación estableció que los usuarios del servicio de energía pueden autoabastecerse pero limitando la posibilidad de comercialización de los excedentes de su autoabastecimiento.

La Ley 1715 de 2014, tiene como objeto el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía (biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica y la solar) dentro del sistema energético colombiano (principalmente aquellas de carácter renovable), su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida en zona no interconectadas y la integración de las mismas al mercado eléctrico; estableciendo un marco legal principalmente para la promoción y el aprovechamiento de fuentes renovables y no convencionales de energía; declarando de utilidad pública lo referente a la promoción, estímulo e incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, para permitir así la entrega de los excedentes de autogeneración al Sistema Interconectado Nacional.

La CREG emitió la Resolución 30 de 2018 por gracia de la cual se regulan las actividades de generación a pequeña escala y generación distribuida y reglamentan la Ley 1715 de 2014; situaciones estas que permitirán a “Pedro Pueblo” a partir del 1 de mayo, producir su propia energía, reduciendo su consumo y el valor a pagar en la factura del servicio, así mismo podrán vender al sistema los excedentes de energía (la entrega al Sistema de los excedentes de autogeneración tiene como finalidad ampliar la capacidad de respaldo de generación de energía, de modo que se pueda garantizar la atención de la demanda incluso en periodos de escasez hídrica)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, MINERÍA Y ESPANTAJOPISMO

 

En numerosos precedentes jurisprudenciales, nuestra Honorable Corte Constitucional ha dejado claro que la minería es una actividad que afecta
ámbitos de competencia de los municipios, como la regulación de los usos del suelo, la protección de las cuencas hídricas y la salud de la población;por ende y por consiguiente se debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que afecten esas competencias . E igualmente en dichos precedentes , ha dejado claro que los entes territoriales pueden oponerse en determinados casos a las actividades mineras, y que tal competencia se ve particularmente reforzada si se tiene en cuenta que, conforme al actual diseño constitucional, la propiedad de los recursos naturales no renovables esta en cabeza del Estado, definición
que incluye a los municipios, razón por la cual su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de destinar si estos deben o no ser explotados.

En Sentencia de 5 de Abril de 2018, el Honorable Consejo de Estado:

1) Subrayó las competencias de los municipios de regular el uso del suelo; señalando que las tensiones existentes entre las competencias asignadas a la Nación y a las autoridades territoriales deben resolverse acudiendo a los principios de coordinación concurrencia y subsidiariedad, y que en ese sentido, los municipios y distritos gozan de autonomía en materia de ordenamiento territorial pues existe una distribución armónica de competencias atendiendo la naturaleza de cada entidad y la cercanía con los ciudadanos, lo que explica que el legislador haya previsto el procedimiento de elaboración de los planes de ordenamiento territorial como uno de los mecanismos idóneos para la articulación y coordinación de las competencias que exige el artículo 288 de la Constitución Política.

2) Recalcó que si bien es cierto las las licencias de exploración y explotación las confiere la
autoridad minera, antes de concederlas debe consultar los planes y normas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo económico
y social, así como las normas que sobre el patrimonio ecológico, cultural e histórico hayan expedido los concejos municipales. Igualmente, en
virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, la autoridad minera no puede desconocer dichas normas al determinar
zonas de reserva minera.

3) Asimismo, ratificó que los resultados de la consulta son vinculantes, lo que implica que las autoridades competentes están obligadas a emprender las actuaciones administrativas y legales necesarias para hacer cumplir la voluntad de la ciudadanía frente a la realización o no de actividades mineras, cuando estas han sido sometidas a la aludida consulta.

De los anteriores precedentes jurisprudenciales tenemos que se puede dar la pelea por el medio ambiente y el desarrollo sostenible sin necesidad de recurrir a la guerra mediática y la propaganda; además que de 2010 hasta ahora se viene cambiando el precedente jurisprudencial respecto al tema minero, prefiriendo el tema ambiental al tema industrial al momento de definir las prioridades.

Sin embargo el día de hoy se informa que supuestamente un fallo del Tribunal Administrativo de Quindío podría favorecer la actividad de minería a gran escala en Salento y sus alrededores; y nuevamente la batería de ambientalistas y líderes sociales alzan la voz contra la minería. Olvidando que el anterior gobierno fue el gran precursor de la "LOCOMOTORA MINERA" ,y que al igual que hay tratados para la protección ambiental también hay tratados internacionales que obligan a crear la confianza mutua entre empresas y sociedades para hacer minería.

Pero ahora en medio del éxtasis de la paz eso es lo de menos, por lo que parece aumentará el ejército de espantajopos junto con los bombardeos de hashtags y se seguirá juzgado al Tribunal por un fallo del que no se ha visto una coma.

DEL PROYECTO DE LEY 199 DE 2020 ( UNIFICACIÓN DE FESTIVOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA)

 

El Senador Carlos Manuel Meisel Vergara, presenta el Proyecto de Ley 199 de 2020 "Por medio del cual se reprograman días festivos, estableciendo incentivos para el sector turismo", el cual tiene por objeto  tiene por objeto unir transitoriamente entre sí, los días festivos que se encuentren más próximos, de carácter civil o religioso no inamovibles, de los que habla el numeral 2 del Artículo 1 de la Ley 51 de 1983. Lo anterior, con el fin de establecer incentivos que incrementen la demanda de las actividades de bienes y servicios del sector del turismo en Colombia, que se ha visto fuertemente afectado por la crisis sanitaria generada por el COVID-19; modificando para tal fin, la Ley 51 de 1983.

Señalando en su exposición de motivos que, lo pretendido es unir varios festivos para que los mismos se dediquen a actividades turísticas que contribuyan a la rápida reactivación económica del sector turismo, el cual ha sido afectado enormemente por la pandemia.

A pesar que muchos ridiculizaran la propuesta y otros hablarán de la inutilidad de la misma; lo cierto es que si no llegara la misma luego de 150 días de cuarentena salvaje, bien se podría estar de acuerdo en que es una medida creativa, agresiva e innovadora.

El sondeo hecho por RADIO BEMBA, demuestra el gran apoyo de la medida en Champetesburgo; quienes piden que de capitalizarse la medida,  la misma vaya acompañada de descuentos de los hospedajes, hoteles y similares, y de descuentos de los sistemas de transporte.