La minería fue para el gobierno de Santos, lo que para el gobierno
de Uribe fueron los biocombustibles; de
hecho quedo establecida como una de las
locomotoras que garantizarían la prosperidad democrática y el crecimiento
económico, pues en ese momento era que evidente que Colombia era una potencia
minera y que tal coyuntura quería ser aprovechada aún frente al hecho que la
tendencia económica mundial iba encaminada a la “desmaterialización de la
economía”, la enorme divergencia entre la relación costo-beneficio de las
actividades mineras y el hecho que Colombia sigue siendo uno de los países que
cobra menos regalías ; no obstante lo anterior.
No se entendió entonces, sobre que bases se asentó esa prosperidad
democrática y ese crecimiento económico, cuando teníamos que era más que
diáfano que institucionalmente no nos encontrábamos preparados para el llamado
“boom” minero, que no solo nuestra economía se podía contagiar del llamado
“estornudo holandés” , sino también nuestra política de la “corrupción tropical”
y al parecer en ese momento no existían los impactos socio-ambientales y
territoriales que hoy son pan de cada día por los proyectos mineros en
Colombia, fue así como nuestra humilde
opinión, abstrayendo al conflicto armado,
había muchos aspectos a mejorar
si se quería poner la casa en orden para recibir al “boom” minero y hablar de
una verdadera “locomotora minera”
Sobre esa base, el gobierno de
Santos, creó las flamantes ANM Y ANH,
enarboló un PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO CON HORIZONTE A 2025 y se dio luz verde
a la extracción gasífera de esquisto o fractura hidráulica ( Fracking) con el fin de elevar las reservas
de gas natural con la Ley 1530 de 2012, y en la recordada ronda ( en la que se
adjudicaron contratos de exploración y perforación sobre la “bobadita” de 60.660 KM2 de nuestro territorio nacional
para explorar 389 pozos petroleros en 98 bloques, de los cuales 14 fueron ofrecidos para hacer fracking); y
se reglamentó el fracking (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la
Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), para ese entonces, un celebre
Ministro de Minas y Energías Caribe resaltaba que: “Este ha sido el resultado
de un trabajo coordinado entre las distintas instancias del Gobierno Nacional
donde se partió de la base del conocimiento más avanzado para lograr un
reglamento técnico que incentive a la industria, exija los mayores estándares
de calidad, estimule las buenas prácticas
y proteja el medio ambiente”.
Hoy se elevan las voces de “ AGUA SI, ORO NO”,
por muchos que guardaron silencio cuando se habló de LOCOMOTORA MINERA; y hoy
que enfrentamos vacas flacas, se olvidan que en medio de la borrachera de perspectivas de paz, se generaron
expectativas legítimas para muchas empresas del sector minero-energético
(Que por posar de buenistas pretenden
ahora desconocer). Hoy se pretende apelar a la conciencia social y ambiental;
perdiendo de vista que al igual que hay tratados para la protección ambiental,
también hay tratados internacionales que obligan a crear la confianza mutua
entre empresas y sociedades para hacer minería responsable.
Mientras crece ( Y con justa
razón), la preocupación, por el impacto
de las ZPPA y las APPA en el desarrollo de las actividades minera, que junto a
la preocupación por los recientemente expedidos Decreto 044 de 2024 y el flamante
Decreto 977 de 2024 (Que establece nuevas reglas para la identificación, priorización, delimitación
e implementación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación
Productiva), se convierten en conjunto, en una verdadera amenaza de
intervención estatal a la iniciativa privada, que se puede traducir en la
suspensión de las operaciones mineras en los 9.602 títulos mineros vigentes (
Según lo informa la Agencia Minera), ante la posibilidad de encontrarse en
zonas del territorio nacional que aparentemente cumplan con los criterios para
establecer una Reserva de Recursos Naturales de Carácter Temporal, un Distrito
Agroecológico, una APPA ( O cualquier otro invento que se le ocurra a este
gobierno); al alegarse que no existen
derechos adquiridos en contratos de concesión minera o en el simple
principio de precaución.
Cómo podemos ver, a presente y
futuro hay una serie de detallitos que
no se pueden echar en saco roto ( y dan cuenta de la importancia y peso del
tema en la vida diaria de Pedro Pueblo); pero este gobierno indolente nada que
se preocupa sobre el tema, a pesar de que desde octubre del año anterior, se viene
advirtiendo que el paquete regulatorio para la minería que
incluye el Decreto 044, ya está generando serios efectos para la economía
nacional, tales como el descenso de la inversión extranjera directa en el
sector minero-energético en un 28%.
Las mismas organizaciones
comunales, que el hoy Presidente quiere
poner como punta de lanza de una “Asamblea Nacional Popular”; deberían solicitar la debida concertación, sobre todo ese paquete regulatorio que amenaza la minería
ilegal en Colombia.
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