Muy grave el escenario que plantea el
reconocido periodista, Gustavo Álvarez
Gardeazábal; al señalar la posibilidad de la declaratoria de una conmoción
interior, con la excusa de una grave perturbación al orden público, que “permita
suspender elecciones y anular los fallos
del CNE, Consejo de Estado y Procuraduría”
Respecto de la suspensión de las elecciones
regionales, tenemos que la misma es posible sin necesidad de la declaratoria
del estado de conmoción interior; lo de anular los fallos del CNE, Consejo de
Estado y Procuraduría, implicaría un “autogolpe
de Estado” solo comparable con lo hecho por el fujimorismo el 5 de abril de
1992 ( Si se tiene en cuenta, que este gobierno cree tener el apoyo del “poder
popular”), que permitió la ruptura absoluta del orden democrático.
Al día de hoy, aparentemente existen las
condiciones para garantizar la normalidad que permita la realización de las
elecciones; lo anterior por cuanto: 1) Se encuentra activada Comisión para la
Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, establecida en el
Decreto 2821 de 2013, que debe “Conocer, evaluar y recomendar al competente,
previo análisis de la situación, los traslados de las mesas de votación por
motivos de orden público o casos de fuerza mayor”; y a la fecha presente no se
conoce la necesidad de traslados de puestos de votación; 2) La decisión de suspender elecciones en caso
de perturbación del orden público corresponde al Gobernador, con aprobación del
Gobierno Nacional (artículo 128 Código Electoral); y tampoco se conoce a la
fecha, por lo menos denuncias correspondientes que puedan justificar la
suspensión de elecciones; y 3) El 16 de agosto de 2023, el MinInterior
manifestaba al Registrador Nacional que: “Que el registrador se dedique a
organizar las elecciones y él a garantizar la seguridad de los comicios del 29
de octubre”; 3) La publicación del proyecto de decreto nacional para la
conservación del orden público durante el período de elecciones; indican que al
menos para el gobierno nacional, se puede garantizar la normalidad del orden
público durante la jornada electoral.
Ahora bien, preocupan la existencia de otras
situaciones que puedan indicar posibles perturbaciones del orden público tales
como: 1) Desde febrero del presente año, el Señor Registrador Nacional viene
hablando de aplazamiento de elecciones,
por supuestos riesgos por violencia; 2) A
mayo del presente año, la MOE planteaba
la intensificación de la violencia contra candidatos y campañas; en siendo más afectados los departamentos de: Cauca,
Antioquia, Nariño, Valle, Cesar y Santander; y 3) Caciques políticos han
señalado su desagrado contra las decisiones del CNE; e incluso el Registrador
Nacional ya señaló a una campaña en particular, si llegaren a presentarse acciones en su contra.
Así las cosa; tenemos que en teoría, se puede
materializar el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para garantizar los
derechos políticos y las libertades civiles de todos los colombianos, en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 ( Y disfrutar así de una pacífica y feliz
fiesta de la democracia) . Ahora bien; lo importante es que a este “Gobierno
del Cambio”, de ninguna forma se le ocurra usar el orden público de cara a las
elecciones regionales para justificar un “autogolpe de Estado”.
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