¿Pero qué necesidad?, ¿Para qué tanto problema?

 

Una grave y peligrosa tentativa de usurpación de competencias o por lo menos una deslegitimación, se evidencia con la afirmación del Presidente de la República, al señalar que: “Si en los municipios al hacer el escrutinio hay insatisfacción de la población sobre la elección de autoridades locales, solicito aguardar las comisiones del gobierno para recibir las respectivas denuncias que se trasladaran a autoridades competentes”.

 Lo anterior por cuanto la etapa electoral y post-electoral en Colombia tienen un procedimiento reglado, correspondiéndole a las jurados de votación  el computo de votos o pre-conteo con carácter informativo (que finalmente se plasma en el documento E-14), y a las comisiones escrutadoras los escrutinios  ( Para que en los resultados sean el reflejo de la voluntad del elector expresada en las urnas). Siendo por tanto ese escenario, en el que se deben presentar las reclamaciones por parte de los testigos electorales.

Lo que en buen romance indica, que en teoría y a pesar de que el proceso de escrutinios se encuentra regulado por  diferentes fuentes normativas; no es menos diáfano (Que mal o bien) existe un procedimiento que da las garantías necesarias para reclamar (en derecho) los posibles votos no contados, errores, corrupción,etc.; sin que exista la necesidad de que el Presidente, pretenda una presión innecesaria que además ponga en duda la labor de jurados, comisión escrutadora e inclusive testigos electorales.

Máxime, cuando todos los encargados de la transparencia de unas elecciones libres y justas; se entienden preparados  para ejercer su labor; y existe un requisito de procedibilidad  para futuras acciones electorales, que implica la puesta en conocimiento de las discrepancias injustificadas  en conocimiento de la autoridad escrutadora.

Por lo que tenemos que, no puede la rama ejecutiva pretender usurpar o de alguna manera deslegitimar la actividad electoral; lo cual guarda mayor relevancia, si se recuerda que la misma ONU y demás instituciones internacionales, han señalado que se debe  mantener la autonomía de los organismos electorales para preservar la integridad de los procesos.