Para el año 2020, el gobierno nacional y la
bancada caribe anunciaban con bombos y platillos la hoja de ruta para
resolver el problema de ELECTRICARIBE, señalando que las cinco medidas que
adoptaría el Gobierno serían:
-La nación asumirá el pasivo pensional, por
$1,2 billones, otorgándole garantías de estabilidad a pensionados y
trabajadores de la empresa.
- El mercado del Caribe colombiano se
convertiría en dos o tres mercados buscando generar mayor apetito de inversionistas
y operadores. Esta segmentación se realizará con criterios técnicos,
financieros y de equidad.
- El tope que existía de 25% de
participación del mercado podría ampliarse, pero sin llegar al 50%, por los
riesgos que esto implicaba en el sistema de distribución.
-Las gobernaciones podrían ser accionistas
de los nuevos operadores a través de aportes con recursos de regalías.
-Un crédito aprobado por el Gobierno
Nacional de $735 mil millones de pesos para invertir en redes para mejorar la
prestación de este servicio en el 2019.
En medio del júbilo de ese momento en el
Caribe, señalábamos que si bien es cierto, había muchas voces celebrando las
propuestas y estableciendo que las misma eran la cabal solución a los problemas
de prestación del servicio de energía en la Región Caribe; no era menos cierto
que estábamos en tiempos de crisis y no era nada sano
la inversión de 7 BILLONES de pesos solo para hacer
atractivo el negocio a inversionistas (Como quien dice asumir el Estado los
misterios dolorosos para dejar a los del billete con los gozosos) y menos
cuando UNION FENOSA no hizo las inversiones en infraestructura aún con fondos
PRONE y FAER y al fin y al cabo nunca se concluyó con los proyectos de
normalización ( Y de hecho a la fecha presente hay inconsistencias sobre las obras PRONE y
varios billones en entregados en recursos para las mismas)
Que por todo lo anterior, pedíamos una LEY DE
PUNTO FINAL o algo para acabar con los beneficios convencionales y obligar a
UNION FENOSA y a la misma SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS a
que explicaran que pasó con los fondos PRONE, FAER y las inversiones
que debieron hacerse; para que no resultara el Estado “PAGANDO EL
GANSO”, y no se siguiera usando la excusa de los robos de energía y la cultura
de pago de los Caribes para la falta de las necesarias inversiones y el
aumento de las tarifas.
No obstante, el mercado “tabluo” de energía
eléctrica del Caribe se dividió en dos empresas,
correspondiéndole CHAMPETESBURGO a EPM y
REPELENCIA al CONSORCIO DE ENERGÍA DE LA COSTA; y
precisamente antes de entrar en operaciones, los nuevos operadores advertían
que existían una cláusula de efecto material adverso que había sido superada
por el deterioro de indicadores de Electricaribe; eso en plata
blanca; traducía que no entraban al negocio, hasta que
se hicieran las necesarias inversiones por parte
seguramente del ESTADO (10 Billones más por lo menos). Al final entraron los
nuevos operadores de los dos mercados Caribes, sin que se dejara claro si se
habían acordado el cronograma de tales inversiones, quien asumiría dichas
inversiones, y cuál era finalmente su monto… Es decir, quedamos nuevamente en
el aire, pero con la esperanza de que todo sería diferente.
Al principio, aparentemente todo bien;
supuestamente la tarifa de energía de la Región Caribe era la más baja a nivel
nacional; no obstante, sin mayores cambios respecto a la calidad del servicio y otras malsanas prácticas
contra los usuarios ( Como disfrazar los racionamientos de mantenimientos,
expedir facturas por “energía dejada de facturar” sin respetar debido proceso, facturar
con base a consumo promedio estando los medidores en buen estado, o facturar
con una tarifa no aplicable al usuario), empezó el aumento progresivo las
tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe desde el mes de
septiembre de 2021 ( adicionales a los hechos en el segundo trimestre del año
2021 por supuestos ajustes). Alegando las empresas, que tales incrementos eran
para brindar las herramientas necesarias a la compañía
para realizar las inversiones que se requieren para
superar el rezago en infraestructura eléctrica y así poder ofrecer a la
comunidad el servicio que merecen; y que los mismos se hacían con base en
la opción tarifaria definida por la CREG, que le permite realizar
alzas graduales para inversiones y reducción de pérdidas.
A inicios del año 2022, la Superintendencia
alertaba del incumplimiento de los compromisos de inversión para la región
Caribe; a pesar de la disponibilidad de los recursos señalados en el
CONPES 3966 de 2019; y además pedía con urgencia se incrementara la
instalación de medidores inteligentes para reducir los fraudes en las redes de
baja tensión.
A su vez; los alcaldes de la Región Caribe
solicitaban al gobierno nacional la revisión de las
tarifas de energía, y algunos congresistas Caribes denunciaban que el aumento
de las tarifas de energía eléctrica solo había servido para cubrir pérdidas y
para ninguna inversión; sin que dicha petición y dicha denuncia hayan sido
resueltas o esclarecidas por las autoridades gubernamentales ( Especialmente la
Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG).
El 16 de febrero de 2023, mediante Decreto
0227 el Presidente de la República pretendió asumir el control de la CREG; pero
dicho decreto fue suspendido por el Honorable Consejo de Estado mediante auto
de 2 de marzo de 2023.
A mediados del mes de junio de 2023, el
gobierno nacional anunciaba aumentos de tarifas de energía por los efectos del
fenómeno de El Niño; aunadas a las altas variaciones de tarifa durante el
último año.
El día de hoy, Barranquilla amanece con un kilovatio
hora de energía por valor de $915,2363 (Apenas $200 menos que el precio de
escasez); por lo que y prácticamente se puede afirmar ( Sin encontrar hasta
ahora prueba en contrario) que es el
KW/H más caro del mercado. Para colmo de males, las tarifas seguirán aumentando,
y nos encontramos en riesgo de racionamiento de energía, con un gobierno
calentólogo que prefiere quedar bien con una descarbonización sin sentido (Que,
si bien demostró que no le valen huevo los subsidios para estratos bajos; no es
menos diáfano que la solución de fondo no es abrir un hueco para tapar otro)
La respuesta de algunos como era de
esperarse, fue tomar el camino fácil y culpar del problema al Consejo de Estado
por no permitir al Presidente tomar el control de una entidad técnica;
olvidando que: 1) La Constitución Política
de Colombia estableció que, las responsabilidades relativas a los servicios
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario
se fijan por Ley. En el caso del
Servicio Público de Energía Eléctrica la estructura institucional se estableció
sobre tres ejes fundamentales: La
definición de la política energética del país, en manos del Gobierno Nacional a
través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía; la
regulación, en manos de la CREG; y la vigilancia y control en manos de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2) Los anteriores tres
pilares del Sistema Eléctrico Colombiano, deben explicar las razones motivos o
circunstancias de los escandalosos aumentos de las tarifas de energía; máxime
cuando, los usuarios finales del servicio de energía eléctrica son la parte
débil de la cadena, obligados a adherirse a un contrato de condiciones
uniformes, y completamente ajenos a discusiones técnicas sobre confiabilidad
del sistema (Y demás conceptos sobre los
que se pueda disfrazar los intríngulis
del aumento de tarifas de energía eléctrica), 3) En cuanto a aumento de tarifas, estaba
supuestamente claro para la Región Caribe colombiana, el que a partir del mes
de septiembre en virtud del Régimen Tarifario Transitorio Especial señalado en el artículo 318 (Del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) los usuarios tendrían que asumir
aumentos en su tarifa de energía en aras
de asegurar la prestación eficiente del servicio; empero, se supone que
para el resto del país, continua dándose aplicación a la Resolución GREG 119 de
2007 ( Dependiendo la tarifa de los componentes de distribución y
comercialización). En todo caso, los usuarios de los mercados SOL y MAR del
Caribe Colombiano, aún no entienden los aumentos de las tarifas de energía
eléctrica sin mayores mejorías en la prestación del servicio; y el resto del
país se lamenta por las mismas razones, 4) En teoría, los aumentos en las
tarifas debe reflejar las inversiones realizadas, cumplimiento de metas de calidad
y reducción de pérdidas, aspecto sobre los cuales parece se ha informado poco a
los usuarios tanto por parte de las empresas de servicios públicos como por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se tiene
conocimiento, debido a que Air-e y AFINIA muy tangencialmente las han dado a
conocer y después de aproximadamente un año de operación del servicio este
continúa presentado fallas y deficiencias en la calidad; e igualmente también
falta información respecto a la revisión de las formulas tarifarias y auditoria al cumplimiento de las mismas por
parte de las Empresas de Servicios Púbicos.
Al día de hoy, los usuarios del Caribe nos
encontramos en completa indefensión respecto al tema de aumentos de energía; no
se ha cumplido la promesa del “congelamiento” y las supuestas rebajas son una
nimiedad frente a los constantes aumentos
Por lo que debemos alzar la voz y organizarnos
para revisar el tema, y determinar si todo el tema del aumento de las tarifas, tiene
algo que ver con el “boom” de las energías limpias o la amenaza de racionamiento
que se cierne sobre el país; el tema merece un análisis serio, que para bien o
para mal debe hacerse en tiempo electoral (Porque es el único tiempo en que
Pedro Pueblo recuerda que está jodido, y los políticos que necesitan los votos).
Y el debate debe centrarse principalmente
en :1) El que se pretenda instalar INFRAESTRUCTURA DE
MEDICIÓN AVANZADA (AMI) o medidores inteligentes, aumentando más las
angustias de PEDRO PUEBLO sobre el astronómico aumento de la
tarifa de energía eléctrica; y 2) Que nunca se haya hablado de frente con la
gente, respecto a las inversiones para el mejoramiento del servicio, y recursos
invertidos con fondos PRONE,FAER y demás proyectos de normalización.
Lo único cierto hasta ahora, es que hay
mucho que explicar (Y la solución no es lamentarse por la decisión judicial de
evitar un acto de autoritarismo); y ahora además de joder al sector empresarial
de la Región Caribe, se jode a los pobres paganos de estratos bajos. Quedando
ya despejada la duda… Fue peor la cura que la enfermedad.
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