A propósito del tema del día

 

 El alpiste mediático de hoy, corre por cuenta de la supuesta “desaparición del mercado nacional de la mostaza Dijon y 59 insumos más”  por cuenta de la aplicación de la Resolución 2013 de 2020 ( Por la cual se establece el reglamento técnico que define los contenidos máximos de sodio de los alimentos procesados priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Sodio y se dictan otras disposiciones); que nuevamente pone en el tapete la tensión entre las libertades individuales ( representadas en la llamada “libertad nutricional”) y el papel del Estado en la limitación del consumo de supuestos alimentos de mayor riesgo en materia de salud pública.

Según lo señalado por el Ministerio de Salud, existen unas meta de reducción del contenido máximo de sodio que deben tener los alimentos  procesados priorizados a  9 de noviembre de 2022 y 9 de noviembre de 2024;   posterior a lo cual hay un plazo máximo de doce (12) meses para que se agoten existencias en el mercado de aquellos productos que no cumplen con los niveles establecidos, posterior a esto y en caso de no agotarse, los productos deben ser retirados por parte del fabricante, comercializador o importador.

Los críticos de las medidas establecidas en la Resolución 2013 de 2020, señalan que en el país existe problemas más urgentes y que por demás no se puede llegar a que el Estado determine qué comer y que no; mientras que los defensores de tales medidas, señalan que la seguridad alimentaria requiere de una legislación estricta y pormenorizada y que la reducción del  consumo de sodio parece ser una forma efectiva de reducir enfermedades y por ende reducir costos al sistema de salud.

Lo cierto es que en teoría, se supone no deberían existir tales discusiones; lo anterior, por cuanto previo a la expedición y reglamentación de la Resolución  2013 de 2010, se dieron las correspondientes consultas públicas  ( Y de hecho sobre la realización de las mismas da cuenta  el documento Análisis de Impacto Normativo del proyecto de resolución: por el cual se definen los contenidos máximos de sodio en alimentos priorizados -2019), además que debe presentarse una armonización de nuestra legislación con numerosos instrumentos internacionales sobre salud y comercio que afectan la materia.

Ahora bien; iniciada la discusión, la misma solo ha servido para exacerbar el clima de polarización política, y no es si los nuevos requerimientos nutricionales se traducen en beneficios para las personas y para las empresas (  DEBER SER de todo este asunto)… Por lo pronto; no se puede perder de vista la ironía que supone, que  el debate se presente en estos días de asueto por la llamada Semana Mayor en los que debemos seguir reflexionando eso de ser la "sal de este mundo"