En nuestro país ni siquiera existe un marco normativo que permita la
participación de actores privados en las actividades propias de inteligencia;
sin embargo, el mismo gobierno que se ha
presentado como un enemigo de la tercerización, el día de hoy afirma que contratará
un “servicio especializado para detectar la infección de PEGASUS en teléfonos de
la ciudadanía”. Lo que en buen romance indica, que el mismo gobierno conformado
por sindicalistas, influencers, activistas y exguerrilleros que se quejan
porque el “neoliberalismo” permitió la captura del “Estado”; pretenden usar de
excusa el supuesto uso de un software espía sin ofrecer ninguna prueba de ello,
para entregar las labores de inteligencia en manos de un actor privado…
Situación está que se ve agravada, por las amistades y relaciones de este
gobierno, y el hecho que la inteligencia se encuentra en manos de un exsubversivo y una base orgullosa de su pasado "GUERRILLERO Y COMBATIVO";
lo cual fácilmente puede implicar tener a turcos, iraníes, cubanos y hasta
venezolanos trabajando para el supuesto “servicio especializado para detectar
la infección de PEGASUS en teléfonos de la ciudadanía”
Claramente todo lo anterior, puede comportar un potencial riesgo de
violación de la privacidad y los derechos humanos, peor que lo acontecido con el DAS o el famoso caso Andrómeda; resulta de
sentido común el entender que poner las labores de inteligencia y
contrainteligencia en manos de un privado, constituyen un factor de grave riesgo
para el Estado de Derecho, pues las labores de inteligencia y
contrainteligencia son labores que se encuentra limitadas en su ejercicio al
respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución,
la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Amén de todo lo anterior, tenemos que las posibles labores de inteligencia
que despliegue el “servicio especializado para detectar la infección de PEGASUS
en teléfonos de la ciudadanía, no cumple con los fines constitucionales cuales
son:
a. Asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia
del régimen democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad
y la defensa de la Nación;
b. Proteger las instituciones democráticas de la República, así como los
derechos de las personas residentes en Colombia y de los ciudadanos colombianos
en todo tiempo y lugar -en particular los derechos a la vida y la integridad
personal- frente a amenazas tales como el terrorismo el crimen organizado, el
narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados, el lavado de activos, y otras amenazas similares; y
c. Proteger los recursos naturales y los intereses económicos de la Nación.
Amén, que lo que posiblemente pretendido por el Presidente de la República,
es la creación de una lista negra de opositores; con la excusa de
que se han desplegados labores de inteligencia y contrainteligencia por motivos
políticos en el marco del “Estallido Social” contra su adorada y amada “PRIMERA LÍNEA”, y ello afectar
los derechos y garantías políticas del actual gobierno.
Ahora bien, algunos de ustedes dirán que decir todas estas cosas es
montarse en una película; pero estamos hablando del mismo gobierno que sin
sonrojarse reconoce que su “ESTALLIDO SOCIAL” fue una plataforma de campaña, que se complementó
con la estrategia de “correr un poco la línea ética”; además a la hora de
inventar películas, los defensores de este gobierno le ganan a TOM CLANCY.
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