HAY QUE SUMAR Y NO SEGUIR RESTANDO

Recientemente se ha generado un rechazo generalizado a la propuesta presentada por ANIF; quien ha hecho una serie de propuestas al Gobierno Nacional para una reforma laboral, estando entre ellas, la eliminación el pago a las cajas de compensación familiar y los intereses de las cesantías a los trabajadores con el objetivo de dinamizar el mercado laboral. Sea lo primero señalar ( Y no se está terciando en la discusión), que la propuesta  no va encaminada a acabar las cajas de compensación sino a cambiar su sistema de financiación a impuestos generales; teniendo como base para dicha propuesta, el detrimento para la competitividad empresarial que se genera por los sobrecostos en los que debe incurrir para contar con mano de obra calificada y no calificada ( En síntesis la tesis es que: En la práctica los gastos en Seguridad Social para las empresas son impuestos directos, pero ocultos

Aquellos que apoyan la propuesta, señalan que el llamado “impuesto puro” asciende al 39.5% de cada peso de cada peso destinado a pago de nómina, y que ninguna empresa podría competir luego de asumir tales sobrecostos; además de que continuar los mismos se agravarían los problemas de informalidad y desempleo; por su parte los opositores, señalan que la sola propuesta ponen en riesgo derechos adquiridos de los trabajares, e insisten en que la propuesta pretende acabar las Cajas de Compensación.

Para bien de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley  21 de 1982 y nuestra Honorable Corte Constitucional, señalaron que el subsidio familiar como una prestación social de obligatorio pago a través de las Cajas de Compensación Familiar, por parte de todos los empleadores del sector público o privado que tuvieran uno o más trabajadores de carácter permanente; determinaron la naturaleza no gubernamental de las Cajas de Compensación; y dejaron claro los aportes obligatorios que hacen los empleadores no son impuestos porque “no se imponen a todos los contribuyentes ni van a engrosar el presupuesto de ninguna entidad pública bajo el principio de universalidad ni son distribuidos por corporación popular alguna” como tampoco son derechos adquiridos  ( Por el contrario, son un interés legítimo del trabajador que se transforma en derecho subjetivo cuando la entidad entrega efectivamente al trabajador el subsidio en dinero, especie o servicios)

En Honor a la verdad, a pesar de que nuestro Señor Presidente claramente  ha mostrado su oposición a la propuesta; no es menos cierto que su Ministro de Hacienda ha señalado que la propuesta no quede en saco roto. Y el Ministro tiene razón, pero solo por el hecho de que es necesario un debate serio  sobre las formas de reducir los costos de generación de empleo y de nuestro futuro pensional … Y el primer paso para eso, es dejar de hacer “política” con el tema y sentarse a hablar del mismo seria y técnicamente. 

Ahora bien,  el que se proponga la financiación  del sistema con impuestos generales o impuestos progresivos al consumo no es una solución o se debe considerar la panacea; pues la misma se hace sin examinar nuestra economía y realidad social, y olvidando que lo importante aquí es sumar y no seguir restando. Y por tanto es mejor buscar la forma de aumentar la base de aportantes buscando  vincular a los informales que generar nuevas formas de evasión de impuestos.