El tiro en el pie

 

“Les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos”

ISAÍAS 3, 4

En el año 2020, el BANCO MUNDIAL  anunciaba que en nuestro país, 400 municipios  estaban  expuestos  al riesgo de escasez de agua;  en el documento  COLOMBIA UN CAMBIO DE RUMBO SEGURIDAD HÍDRICA PARA LA RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE, que establecía que Colombia ya experimentaba síntomas  de inseguridad hídrica, y desajustes entre la disponibilidad de agua dulce y la demanda concentrada que hacían que Colombia sea muy vulnerable a los riesgos de escasez de agua en el futuro.

Conclusiones en su momento bastante  pavorosas, máxime cuando se suponía que  tal y como lo establecen el artículo 8º y el numeral 4º del artículo 28 de la ley 388 de 1997 , los ya elaborados planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos debieron tener en cuenta las determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales.

El Presidente de la República, haciendo uso de las facultades constitucionales y legales, conferidas en los artículos 115, y el numeral 4 del 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 ( Atribuciones ordinarias del Presidente de la República como autoridad de policía); emitió el Decreto 500 de 2024, cuya finalidad es:  “Declarar como "Día Cívico de la Paz con la Naturaleza" el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales, empezando como  primer día Cívico de la Paz con la Naturaleza será el 19 de abril del 2024”

Lo primero que llama la atención, son las atribuciones utilizadas para decretar un día cívico que supuestamente tiene la finalidad de  “ recordar el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia”; que no son otras que las  atribuciones ordinarias para conjurar o evitar, graves perturbaciones del orden público que amenacen  atentar de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana. Y llama la atención, porque en principio no se entiende como contribuye las mencionadas facultades señaladas, a evitar el deterioro cuantitativo de las fuentes de agua de las que se surten los acueductos, y mejoran la disponibilidad del recurso para el abastecimiento de sus ciudadanos.

El decreto en principio es innecesario, lo anterior porque se supone que a la fecha, ya debe haberse cumplido la obligación establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993; esto es, la declaratoria de utilidad pública de las  áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales; además que lo expresado por el mismo Presidente de la República en sus redes sociales y las mismas facultades utilizadas dan cuenta, que se considera a la marcha convocada para el 21 de abril de 2024, como  una grave perturbación  del orden público que amenaza  atentar de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana.

Es muy triste que este gobierno, no se use las atribuciones constitucionales de policía para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, por todas las graves perturbaciones del orden público incluyendo asesinatos de líderes sociales; pero si se haga uso de tales atribuciones, para aparentemente sabotear una marcha en contra del gobierno.

Y más triste aún que se apele a la protección al medio ambiente y la paz; con un decreto que además de contribuir poco aliviar el estrés hídrico, es una clara muestra de una muestra de peligroso autoritarismo supuestamente sustentado en “la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente”.

Si lo que pretendía el Señor Presidente era deslegitimar la marcha en su contra; lo único que parece haber logrado con el falsamente motivado Decreto 500 de 2024, es darse un tiro en el pie.