El día de hoy 18 de enero de 2023, la
Superintendencia de Transporte anuncia el inicio de investigaciones a
concesionarios contratistas de la ANI e INVIAS por el incremento de los peajes,
alegando que los mismos incumplieron los
acuerdos que se habían pactado con el Ministerio de Transporte e iniciando así
una nueva novela jurídica que deja al Gobierno Nacional como el malo, lo
anterior por cuanto:
1. . La semana pasada el ministro de Transporte,
Guillermo Reyes, anunció en medios de comunicación que este año no se
registraría un incremento en los peajes que administran la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
2. . A
pesar del anuncio del ministro, entre los días 6 y 12 de enero de 2023, los
concesionarios aumentaron las tarifas de los peajes; alegando que las mismas
obedecían a los lineamientos contractuales.
3. El
15 de enero de 2023, el Ministerio de Transporte emitió el Decreto 050 del 15
de enero de 2023, por medio del cual se ordena no incrementar las tarifas de
peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones
de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y de la Agencia Nacional
de Infraestructura.
4. El
Gobierno Nacional insiste en que los concesionarios que aumentaron las tarifas deberán
reversar tal decisión y acatar lo estipulado en el Decreto 050 de 2023 de 15 de
enero de 2023.
5. La
regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, por lo que
no pueden surtir efectos con anterioridad a su vigencia (Concepto del 25 de
febrero de 1975 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado)
6. . Alega
el día de hoy la Superintendencia de Transporte, que los concesionarios
violaron los acuerdos que se habían pactado con el Ministerio de Transporte, y que las
concesiones debían aclarar si acataban el Decreto 050 de 2023 y si los aumentos
realizados no exceden los topes determinados por el IPC; mientras que los concesionarios alegan que
hicieron los correspondientes incrementos antes que entrara en vigencia el
Decreto 050 de 2023, teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos, y “analizando
los caminos, que al amparo de la ley, permitan tomar las decisiones que sean
del caso”.
7.
El solo anuncio de la Superintendencia de
Transporte, no implica per se la
imposición de sanciones a los concesionarios; pues como es sabido por todos,
para toda clase de actuaciones administrativas y judiciales debe procurarse el
respeto del debido proceso que comprende principios tales como como el de
legalidad, juez natural, favorabilidad y derecho a la defensa.
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