La respuesta a la crisis generada, fue decretar la emergencia económica y social
en el año de 1998, para posteriormente ser declarada la inconstucionalidad del
Sistema UPAC a través de la sentencia C-700 de 1999; lo que obligó a la
expedición de la Ley 546 de 1999, en la cual se estableció la UVR ajustada
diariamente a la inflación como nuevo mecanismo para actualizar el valor de las
obligaciones financieras, y la transformación de los créditos expresados en
UPAC a UVR.
Al día de hoy a pesar que de la mano de fallos
de la Honorable Constitucional se construyó un nuevo marco normativo para la
adquisición de vivienda, que prohibió expresamente la capitalización de
intereses; nuevamente aparecen en el panorama señales que indican que se puede
repetir la historia. En efecto, la inflación lleva 21 meses en ascenso, situándose
a la fecha en 13,12% (Lo que se traduce en aumento del valor de las cuotas de
los créditos hipotecarios) , se incrementa el crédito hipotecario pero al mismo
tiempo aumentan los morosos, y además se
habla de perspectivas desfavorables para 2023 en materia de crecimiento, inflación,
y desempleo; lo cual podría llevar a repetir las condiciones que nos llevaron a
la crisis hipotecaria de finales de los 90.
Lo triste
del asunto; es que de presentarse nuevamente la crisis, la respuesta sería demonizar
al sistema financiero ( Señalando que los créditos de vivienda nunca tuvieron
un carácter social y siempre fueron un negocio lucrativo), sin sentarse
analizar la responsabilidad gubernamental para evitar que se repitan las
condiciones que nos llevaron a la crisis.
Ahora bien, nuestra intención desde ningún
punto de vista es generar pánico económico; simplemente invitar a la reflexión,
pues finalmente la realidad nacional enseña que una crisis hipotecaria
afectaría al sector de la construcción que ha sido determinante para el
crecimiento económico... Y repetiría los dolorosos dramas vividos por deudores hiotecarios, desde 1998 hasta el día presente.